Declaración FIPU

Los Defensores de Derechos Humanos son los más amenazados en Colombia: Diego Fernando Mora

Sin lugar a dudas los momentos más tristes es cuando un protegido pierde la vida aunque no sea nuestra responsabilidad.

“Conocer de primera mano la realidad de las poblaciones más vulnerables del país es un ejercicio totalmente necesario para cualquier funcionario público, de hecho, debería ser obligatorio, pues vivir estas experiencias es de vital importancia para realizar una gestión efectiva y que responda verdaderamente a las necesidades de las comunidades”

FIPU PRESS

Diego Fernando Mora fue elegido por su capacidad gerencial, de la empresa privada saltó a la función pública, la dirección de la Unidad Nacional de Protección, una de las entidades más importantes en el contexto de conflicto y paz en Colombia.

Una entidad relativamente nueva con un antecedente de mala administración, corrupción y desorden, viene a cumplir un rol importante en la construcción de paz, cuidar de líderes sociales y de los miembros del partido político que surja de las FARC EP.

Mora concedió una entrevista para FipuPress, con el propósito de escuchar todas las voces, en especial en el marco de la preocupación por las muertes de líderes sociales en Colombia.

Claudia Quintero: Se han denunciado aumentos en asesinatos y agresiones a líderes sociales en Colombia desde que empezaron los diálogos de paz, en especial el 2016 registran cifras altas en Defensoría del Pueblo y en Organizaciones no gubernamentales. ¿Cuál es la causa de este fenómeno tan particular y preocupante para la sociedad colombiana?

Diego Fernando Mora; De acuerdo con el trabajo que se viene realizando con el PMU (Puesto de Mando Unificado) para hacer seguimiento a casos de asesinatos y amenazas contra líderes sociales, hemos detectado 3 causas específicas: Las agresiones en contra de líderes sociales que están en zona de afectación de minería ilegal y corredores de narcotráfico, Afectaciones en contra de ciudadanos que hacen parte de las juntas de acción comunal. Según el Ministerio del Interior, a la fecha hay aproximadamente 7 millones de personas inscritas, lo cual lo convierte en un universo bastante amplio y otras  en contextos locales de conflictos que se presentan al interior de organizaciones sociales o derivadas por afectaciones de actores criminales que quieren ejercer el control territorial a través de ellas.

Es importante resaltar que de las personas que han sido asesinadas según el reporte de Naciones Unidas en el 2016, ninguna de ellas había reportado amenazas o solicitado protección a la Unidad Nacional de Protección.

CQ: ¿Qué acciones más visibles emprendió la entidad que usted dirige para hacerle frente a la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia?

DFM: La acción principal es el refuerzo que hemos realizado para fortalecer nuestros canales de comunicación con las organizaciones sociales y los líderes sociales; de manera que recopilamos toda la información obtenida de primera mano y cuando se presenta una amenaza o una situación del riesgo contra un defensor de derechos humanos contamos con el relato de las situaciones en tiempo real. Gracias a esta interlocución permanente hemos logrado atender rápidamente las situaciones que se han presentado y que han garantizado que las personas que solicitan protección no sufran afectaciones en contra de su vida y/o integridad.

CQ: ¿Se agrede a la prensa en Colombia? ¿Detecta la UNP que en Colombia se ve afectada la libertad de expresión?

DFM: En efecto, la protección de periodistas es una de las líneas que nosotros tenemos, ya que los periodistas son población objeto del programa de protección. Creemos que la efectividad del programa y la garantía para el ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de expresión ha sido exitosa desde el programa de la Unidad Nacional de Protección ya que por ejemplo el año pasado la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)  reportó que ningún periodista había sido asesinado, en esto por supuesto, se observa la efectividad a las medidas aplicadas por la UNP.

CQ: Respecto a la audiencia en la CIDH dónde usted hizo parte del equipo del gobierno que estuvo respondiendo a los cuestionamientos de las ONG y de la Comisión. ¿Esta audiencia que aportó a la política pública de protección en Colombia? ¿Se tomaron correctivos o mejores?

DFM: Hemos generado un nuevo espacio de trabajo conjunto con la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, para fortalecer el programa de protección colectiva con miras a darle nivel de decreto a la resolución 1085 de 2015. Lo anterior permitirá que, las recomendaciones que se generan a partir de la evaluación de riesgo para grupos y comunidades puedan tener un efecto mucho más vinculante con las entidades del estado y pueda ser mucho más efectiva la protección colectiva que es lo que actualmente vienen requiriendo los defensores de derechos humanos.

CQ: ¿Cuál es el grupo más amenazado en este momento en Colombia?

DFM: Dentro de la definición amplia que actualmente maneja la organización de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos respecto a defensores derechos humanos, claramente podemos observar que son ellos los más afectados. En poblaciones especificas se han incrementado amenazas a los miembros de grupos étnicos y en especial a los integrantes de juntas de acción comunal.

CQ: Lo hemos visto visitando regiones apartadas, donde incluso tiene que llegar en helicóptero, usted antes no había trabajado en este oficio, usted viene del sector privado. ¿Qué piensa al encontrar estas regiones apartadas en tanta necesidad? ¿Qué observa y que reflexión traen a usted como ser humano?

DFM: Evidentemente, el cambio del sector privado al trabajo en el ámbito público es abismal y para mí ha sido muy enriquecedor. Conocer de primera mano la realidad de las poblaciones más vulnerables del país es un ejercicio totalmente necesario para cualquier funcionario público, de hecho, debería ser obligatorio, pues vivir estas experiencias es de vital importancia para realizar una gestión efectiva y que responda verdaderamente a las necesidades de las comunidades.

La mayor reflexión es que, aunque falta mucho por hacer, tal vez como en ningún otro período histórico de Colombia, es notorio el compromiso del gobierno nacional por dar solución a las diferentes problemáticas de estas regiones. En este sentido, este panorama muestra que la prevención y protección a comunidades y defensores de derechos humanos en zonas rurales parten de una acción integral del estado. Esto no se logra solamente con la intervención de la Fuerza Pública o de la Unidad Nacional de Protección, si no que se requieren acciones articuladas del estado, que es el gran reto para materializar una política pública de prevención y protección.

CQ: ¿Qué es lo más triste durante su gestión? ¿Y cuál es el momento más feliz o satisfactorio?

DFM: Sin lugar a dudas los momentos más tristes es cuando un protegido pierde la vida aunque no sea nuestra responsabilidad, es el caso del Gobernador indígena del Cauca Gerson Acosta Salazar, que fue asesinado en el  Resguardo Kite Kiwe, sitio que cuenta con restricciones y los escoltas tienen prohibido el ingreso.

Los momentos satisfactorios son varios, cada vez que con nuestras medidas de protección logramos salvar la vida de nuestros protegidos.  También, cuando se hacen efectivas las medidas de protección colectiva con enfoque diferencial, que generan un verdadero cambio en las dinámicas de comunidades enteras, proporcionándoles elementos que disminuyen los factores de riesgo y mejoran tangiblemente su calidad de vida.

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