Declaración FIPU

Colombia y FARC-EP acuerdan sustitución de cultivos ilícitos

Se conoció que será conformada una instancia de coordinación conjunta que definirá protocolos y marcos operativos.

El Gobierno de Colombia asumirá los recursos para la puesta en marcha del proyecto, además de las medidas logísticas y de seguridad. OIM y FAO acompañarán el proceso de sustitución.

Por: teleSUR | Foto: El Universal

Las delegaciones del Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC - EP) acordaron en la mesa de paz de La Habana, Cuba, poner en marcha un esfuerzo conjunto de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en Antioquia, municipio Briceño, de la nación suramericana. 

La información fue dada a conocer por las partes a través de un comunicado, disponible en la página web pazfarc-ep.org, en el que detallan que la medida se suma a las acciones previstas para el desescalamiento de la violencia en el país, que desde mediado de 2015 también avanza en un plan piloto de desminado humanitario.

La sustitución de cultivos ilícitos arrancará en las veredas Orejón, Pueblo Nuevo, La Calera, La América, El Pescado, La Mina, Buena Vista, Altos De Chiri, Roblal y Palmichal, del municipio de Briceño (Antioquia). 

La misiva precisa que la medida incluirá a otras veredas que estén dispuestas a sumarse a la iniciativa. 

Además, se conoció que será conformada una instancia de coordinación conjunta que, dependiendo de la Mesa de conversaciones de La Habana, definirá protocolos y marcos operativos para poner en marcha este esfuerzo. 

Asimismo, se conformará en el territorio un grupo de acompañamiento a esta iniciativa de sustitución, integrado por ambas partes, aparte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; y el acompañamiento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Se destaca en el comunicado, que las comunidades tendrán participación en la elaboración y ejecución de este proceso, como actores en la verificación de los mecanismos, atendiendo al problema de la tierra, la formalización de su tenencia y la preservación del medio ambiente. 

El Gobierno de Colombia "se compromete a garantizar los recursos de manera oportuna para la puesta en marcha del proyecto", así como de las medidas logísticas y de seguridad necesarias para la participación de los delegados de las FARC-EP. 

En contexto 

-Actualmente, las delegaciones del Gobierno y de las FARC-EP conversan sobre los mecanismos para legalizar y verificar un acuerdo que ponga fin al más de medio siglo de conflicto armado que vive Colombia.

-El 23 de septiembre de 2015, la mesa de negociaciones de La Habana firmó un acuerdo sobre justicia para las más de 220 mil muertos y 7,8 millones de desplazados que ha dejado el conflicto. Este fue uno de los temas más complejos del proceso de paz, que para ese entonces estaba por cumplir tres años desde su inicio en noviembre de 2012.

-A principios de 2016, los líderes de las FARC-EP vaticinaron que el 23 de marzo no se firmaría el acuerdo final y advirtieron a sus filas que si la paz no se firmaba en la fecha anunciada, los colombianos darían por entendido que la insurgencia no estaban preparada para poner fin a la guerra.

-Efectivamente no se firmó por desacuerdo entre ambas partes en puntos sensibles y necesarios para lograr el cese del conflicto. Pero ninguno de los involucrados abandonó y ahora se estima que las FARC-EP y el Gobierno colombiano firmen la paz en junio de este año.

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