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El cinismo uribista

El termino Impunidad es una palabra que suena estridente  en  boca de un latifundista que hasta el 30 de abril del 2015 tenía más de 186 procesos criminales en su contra, es un atentado contra la ética y la moral de los colombianos.

Por: Prensa Alternativa Cauca
Colombia

Escuchar en los medios masivos de comunicación al expresidente Álvaro Uribe Vélez hablando de impunidad es un acto de completo cinismo, pues  durante sus  ocho sangrientos años de gobierno no hizo más que incubar un entramado criminal mediante el cual asesinó y desplazó a miles de personas.

En su larga trayectoria política de ultraderecha, con tintes fascistas, promovió el auge y consolidación de estructuras armadas, de manera legal e ilegal: las convivir fueron un claro ejemplo de ello, donde según declaraciones del paramilitar Salvatore Mancuso se reunió con el expresidente para crearlas.

Impunidad es lo que bajo su mandato hizo con los crímenes de Estado mal llamados “falsos positivos”, en donde asesinaban a jóvenes y trabajadores del país para mostrar resultados de la lucha contrainsurgente.

Impunidad son los miles de desplazamientos forzados que bajo su dirección se perpetuaron, empobreciendo y sacando del campo colombiano a campesinos indígenas y afros para quedarse con las tierras, acrecentando la exacerbada concentración de éstas: según fuentes oficiales el narcotráfico y paramilitarismo tiene en su poder más de 6 millones de hectáreas.

Impunidad en su máxima expresión es la masacre de El Aro en la que “asesinaron a 17 campesinos, robaron más de 1.000 cabezas de ganado, redujeron el corregimiento a cenizas, destruyeron el hospital y la iglesia y desplazaron a cerca de 1.200 personas[1]; masacre que lleva el sello del apellido Uribe.

En días anteriores, este personaje, que será recordado en la historia de Colombia como lo fue Pinochet en Chile o Videla en Argentina, brindó una entrevista en la que llamó a la resistencia civil contra los diálogos de La Habana y, por consiguiente, contra la paz de Colombia. Resistencia civil que llama al odio y a la guerra entre las comunidades, que llama a una nueva etapa de sangre.

La paz del pueblo debe ser uno de los más grandes derechos de la humanidad. Ésta debe estar acompañada de la justicia social que devuelva las condiciones materiales a los desposeídos, para que realmente logre transformarse la sociedad y lograr la tan ansiada paz con justicia social.

Defender el proceso de paz es una tarea ineludible de los millones de colombianos pobres para lograr las garantías de vida digna que hasta ahora no hay. Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), las negociaciones de La Habana han traído, como cifra esperanzadora, que por lo menos 1.500 personas no hayan caído en combates.  “Si se compara con el período de implementación de la Política de Seguridad Democrática (agosto 2002-octubre 2012) no solo habrían muerto 1.572 combatientes menos, sino que también se ha preservado la vida de 499 civiles”. [2] 

El inicio de las conversaciones del Gobierno con el ELN seguramente dará como resultado el incremento de estas esperanzadoras cifras para los colombianos pobres (un rico no muere en enfrentamientos ni queda en medio de combates). Es por ello que los colombianos debemos seguir apoyando los procesos de paz, debemos conocer cada vez más los orígenes de este largo conflicto para no repetir la historia.

Apoyar el proceso de La Habana es promover una cultura de paz que transforme nuestra sociedad hacia la justicia social, tarea nada fácil de las comunidades, pues los enemigos de la paz buscarán seguirse enriqueciendo a costa de la guerra y el sufrimiento de la población y llamando con todo tipo de adjetivos a la esperanza de un pueblo.

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