Declaración FIPU

Por qué es tan importante un acuerdo de paz que trate sobre el campo en Colombia

El desplazamiento en Colombia tiene a nuestro país en el deshonroso puesto número 2 en el mundo con más de 6 millones de personas desplazadas.

La importancia del acuerdo sobre el tema rural es fundamental, pues el desarrollo de éste debe contribuir a la solución de las causas históricas que dieron origen al conflicto colombiano. Además sentar las bases para transformar de manera estructural el campo colombiano.


Los datos existentes del catastro nacional demuestran la histórica y vergonzosa concentración de la tierra que las clases dominantes han impuesto a sangre y fuego en Colombia para fortalecer el capital privado, despropiando a la gran mayoría de comunidades rurales en Colombia.

Desde la implementación de leyes como la  200 de 1936, la 100 de 1944, la  135 de 1961 y la 160 de 1994, el Estado no ha dado pasos ciertos en aras de democratizar la tenencia de tierra. Lo que sí ha funcionado es la legislación rural como el pacto del Chicoral o Agro Ingreso Seguro, que no fueron más que alianzas para garantizar la exacerbada concentración de la tierra que hoy en día es más elevada que nunca: 0.87 en relación con el coeficiente de Gini, (entre más se acerque a cero hay mayor desconcentración y democratización y donde más se aproxime a 1 hay mayor concentración).

Todo ello ha traído como consecuencia un largo conflicto social y armado que hoy ve una posible salida política y negociada, en la mesa de negociación entre el Gobierno y la insurgencia de las FARC-EP.

Dentro de los 6 puntos a conversar, negociar y acordar entre las fuerzas insurgentes y el Gobierno Nacional está la “Política de desarrollo agrario integral” que entre los puntos contiene “1. Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva. 2. Programas de desarrollo con enfoque territorial. 3. Infraestructura y adecuación de tierras. 4. Desarrollo social: Salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza. 5. Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Crédito. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral. 6. Sistema de seguridad alimentaria”. [1]

CONDICIONES DEL CAMPO Y SUS POBLADORES EN COLOMBIA

Los efectos de esta larga historia de violencia en Colombia no han sido menores. La crisis alimentaria que vive el país es muy crítica. La pérdida de autosuficiencia alimentaria ha causado más pobreza: en 1990 nuestra nación importaba 400 millones de dólares en alimentos, lo que en peso era poco más de un millón de toneladas; para el 2014 aumentó a 6.112 millones de dólares, es decir 9.5 millones de toneladas[2], debido al cambio de agricultura destinada  al consumo, a una agricultura comercial agroexportadora, para pasar luego a una economía minero-exportadora que ha pasado en recibir inversiones directas del extranjero en poco más de 2.000 millones de dólares en el 2002 a más de 9.000 millones de dólares al años 2009. [3]

El abandono estatal como política de exterminio del campesino ha llegado a condiciones extremas: el gasto público agropecuario entre 1990 y 1996 correspondía como porcentaje del PIB a un promedio del 0.67%, y descendió al 0.27% entre 2000 y 2009.  

El desplazamiento en Colombia tiene a nuestro país en el deshonroso puesto número 2 en el mundo con más de 6 millones de personas en dicha condición. Tan solo en el 2014 se sumaron 132.000 nuevos casos.[4]

Por si no fuera poco las tierras en control del paramilitarismo y el narcotráfico se estiman en 4 millones de hectáreas[5], según el Vicecontralor de la República, “cifras que según fuentes oficiales asciende a los 6 millones”[6], promoviendo cada vez más la política de concentración de la tierra.

La creciente violencia contra las comunidades rurales, como el caso de las colectividades de Jiguamiandó y Curvaradó en el Choco, son muestra del accionar de grupos paramilitares con empresas  productoras de palma aceitera, banano y ganado. 

Según una investigación, en 2009 “los propietarios con más de 200 hectáreas representaban el 3.8% y controlaban el 41% del área catastral del país en tanto que aquellos con menos de 3 hectáreas, equivalentes al 39% de los propietarios, solamente contaban con el 3.7% de la tierra”.[7]

El creciente número de hectáreas destinadas a la explotación de minerales  sigue arrasando con la población, empobreciendo y acabando cada vez con el campo colombiano: 5.8 millones de hectáreas entre solicitudes y títulos mineros afectan la dinámica del agro en Colombia frente a  4.9 millones de hectáreas dedicadas a usos agrícolas.[8]

Estos índices y estadísticas que se muestran han llevado a configurar salidas prontas y adecuadas para democratizar el campo colombiano.

SOBRE EL ACUERDO

La importancia del acuerdo sobre el tema rural en Colombia es fundamental, pues el desarrollo de éste debe contribuir a la solución de las causas históricas que dieron origen al conflicto colombiano. Además sentar las bases para transformar de manera estructural el campo colombiano.

El acuerdo del punto uno va alineado en la configuración de un campo democrático. Este resultado, fruto de la conversación y negociación, deja entrever el abandono que el Estado colombiano ha tenido con las comunidades rurales y reconoce que la reforma rural integral conciba el territorio como un espacio sociohistórico con diversidad social y cultural, que necesita fundamentalmente de un enfoque territorial, ya que cada zona tiene sus características propias.

Se considera igualmente que la reforma rural integral debe integrar el territorio nacional, distribuyendo la tierra de manera equitativa y dando prioridad en la participación y decisión a las comunidades asentadas en sus territorios. Se  reconoce el papel fundamental de la economía campesina en la vida del país y pretende lograr autosuficiencia alimentaria progresiva.

En esa medida el acuerdo se sustenta en 11 principios; 1. Transformación estructural; 2. Erradicación de la pobreza; 3. Priorización en los territorios más necesitados; 4. Integralidad para asegurar la productividad; 5. Restablecimiento de los derechos de los desplazados y del despojo; 6. Lucha contra la ilegalidad de la posesión; 7. Participación de las comunidades; 8. Beneficio, impacto y medición; 9. Desarrollo sostenible; 10. Presencia del Estado; y 11. Democratización del acceso y uso adecuado de la tierra. Éstos sostienen la base de los acuerdos que se mencionan a continuación.

Creación por parte del Gobierno Nacional de un fondo de tierras de distribución gratuita que dispondrá de millones de hectáreas y que provendrá de las tierras de extinción de dominio, de tierras recuperadas a favor de la nación como baldíos indebidamente apropiados, de tierras de la actualización, delimitación y fortalecimiento de la reserva forestal, de tierras inexplotadas, de tierras adquiridas o expropiadas por motivo de interés social y de tierras donadas. En la misma medida el Gobierno se compromete a dar un subsidio integral y crédito especial para compra de tierras.

Los beneficiados del fondo gratuito, del subsidio gratuito y del crédito especial serán trabajadores sin tierra o con tierras insuficientes, dando prioridad a la mujer cabeza de familia como también a la población desplazada. También pueden acceder a estos beneficios asociaciones de trabajadores con vocación agraria. Quienes sean partícipes de estos acuerdos tendrán la posibilidad de beneficiarse de planes de vivienda, asistencia técnica, ente otros.

De otra parte se formalizará de manera masiva y progresiva la pequeña y mediana propiedad mediante reformas normativas que permitan garantizar el derecho de propiedad de los trabajadores rurales pobres. Esta formalización será de manera gratuita y se restituirá a las familias victimas del desplazamiento y despojo en las zonas rurales del País.

Punto que merece importancia es la responsabilidad del Gobierno Nacional en crear mecanismos agiles y eficaces de conciliación de uso y tenencia de la tierra, de la creación de una instancia de alto nivel encargada de crear los lineamientos generales del uso de la tierra, también de la promoción del uso efectivo de los espacios de participación y decisión, como la conformación de mecanismos de concertación y diálogo entre la institucionalidad, empresas privada y las comunidades con el objetivo de impulsar el desarrollo común de las zonas rurales.

Como mecanismo de protección jurídica y social de la pequeña y mediana propiedad se formalizará y actualizará el catastro e impuesto predial y en caso de ser necesario el gobierno nacional transferirá finanzas para que se adopten exenciones a los beneficiarios de los programas de la reforma rural integral.

La constitución de programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) tendrá como objetivo el buen vivir de las zonas rurales y la generación de un diagnostico con las comunidades en el que se visualicen las necesidades en el territorio. Este constará de  mecanismos de participación activa de la población, medios para la ejecución de las zonas priorizadas y el seguimiento y  evaluación permanente para que se cumplan los objetivos.

Paralelo a ello el Gobierno pondrá en marcha un plan de vías terciarias que articulen la región, faciliten la distribución de alimentos y el acceso a los servicios sociales, así como la creación de un plan nacional de riego y drenaje que impulse la producción familiar y campesina, garantizando el acceso democrático al agua, la implementación de un plan de electrificación rural y de conectividad son también acuerdos que las FARC-EP y el Gobierno colombiano han alcanzado en aras de dignificar la vida de los trabajadores rurales.

De la misma manera el Gobierno se compromete a implementar un plan nacional de salud rural con énfasis en la prevención, en la ejecución de un plan nacional de educación rural que erradique el analfabetismo y promueva la permanencia productiva en el campo, también pondrá en marcha el plan nacional de construcción y mejoramiento de la vivienda social rural y la implantación del plan nacional de fomento a la economía solidaria y la cooperativa rural con la constitución de un plan de asistencia técnica, la conformación de un plan nacional para la promoción de la comercialización de la economía campesina, familiar y comunitaria y la culminación de un plan progresivo de protección social que garantice los derechos laborales de los trabajadores rurales, serán instrumentos que la institucionalidad dispondrá para avanzar en la consecución de la vida digna de los pobladores rurales.

Finalmente y como una de  las luchas del campesinado colombiano, se pondrá en marcha las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), concertadas entre el Gobierno y las comunidades que así lo requieran.

A modo de conclusión podemos decir que mientras no haya una real democratización del campo colombiano seguramente no habrá ni una posibilidad de acabar con el conflicto social y armando en el que está inmerso el país. Si el Estado colombiano no revierte la política de concentración agraria, las comunidades rurales entrarán cada vez más en una crisis que empujaría a décadas de confrontación armada.



[2] FAJRADO, Darío. Las guerras de la agricultura en Colombia: ILSA. Pág. 69
[3] Ibíd. Pág. 132.
[5] Ibíd. Pág. 88
[6] Ibíd. Pág. 103.
[7] Ibíd. Pág. 99
[8] Ibíd. Pág. 133. 

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