Declaración FIPU

La paz y reconstrucción del país

El Gobierno tiende cortinas de humo para tapar la podredumbre del régimen; y busca la “solución” gravando a los colombianos con nuevos impuestos.

Precisamente, por la desconfianza que los colombianos tenemos en esta burguesía corrupta, apátrida, traicionera y violenta, es que se hace necesario, casi que indispensable, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

Por: Huber Ballesteros

¿Hacia dónde va nuestro país, o hacia donde lo lleva esta clase política corrupta? Es la pregunta con la que amanecemos los colombianos. Todos los días surge un nuevo escándalo, de proporciones mayores que el anterior.

Los últimos meses han sido para nuestra sociedad, particularmente, difíciles por el número tan grande de hechos de corrupción que se han destapado en los medios de comunicación; y eso que solo son los que alcanzamos a conocer.

Lo que ocurre en la Policía Nacional va mucho más allá de las preferencias sexuales de sus miembros y ha venido siendo acallado por el Gobierno. La vinculación con grupos de crimen organizado a todos los niveles ha sido, de alguna manera, puesto en un segundo plano frente a lo que ocurre con la denominada “comunidad del anillo”.

A la venta de Isagén le siguió el destape de uno de los mayores robos al erario público en la ampliación y modernización de la refinería de Cartagena (Reficar); apropiación ilícita de recursos, a pocos kilómetros de donde los niños mueren de desnutrición y falta de atención médica.

No son pocos los escándalos que han rodeado al Gobierno en diferentes niveles e instituciones: la situación en las cárceles donde al robo continuado de sus funcionarios se agregan las torturas, los tratos inhumanos y la complicidad de la guardia con crímenes como los ocurridos en la cárcel la Modelo de Bogotá.

Nuestra situación como país es tan grave en materia de corrupción, que el Defensor del Pueblo se vio obligado a renunciar por las acusaciones sobre acoso sexual, al igual que ocurrió con el Director General de la Policía; y el Procurador hace malabares burocráticos para que el Consejo de Estado no lo destituya por haber sido elegido de forma fraudulenta para su segundo periodo al frente de ese cargo.

Del aparato judicial no hay nada bueno qué decir; permanentemente jueces y fiscales son detenidos o destituidos por estar involucrados en casos que demuestran no sólo la politización de la “justicia”, sino cómo las absoluciones y la libertad tienen un precio que se paga con dinero en efectivo.

Frente a esta situación, el Gobierno tiende cortinas de humo para tapar la podredumbre del régimen; y busca la “solución” gravando a los colombianos con nuevos impuestos, haciendo recortes a la inversión social y el gasto público: medidas que serían innecesarios si se atacase, de frente y con decisión, la corrupción política que desangra el presupuesto nacional en once (11) billones de pesos al año.

En medio de todo este desbarajuste institucional que configura un Estado inviable, que ha caído en manos de las mafias de contratistas y funcionarios corruptos, el presidente Juan Manuel Santos tiembla y pierde los estribos cada vez que un uribista hace criticas al proceso de paz.

Esas vacilaciones del primer mandatario frente al proceso de paz, y esa actitud pusilánime para defender lo que, según él, ha sido su principal objetivo de Gobierno, dejan muchas dudas sobre la verdadera voluntad y autoridad que tiene para emprender las reformas institucionales que se requieren para que los acuerdos de paz, que han de firmarse en La Habana, nos conduzcan a una paz cierta, estable, duradera y con justicia social.

Precisamente, por la desconfianza que los colombianos tenemos en esta burguesía corrupta, apátrida, traicionera y violenta, es que se hace necesario, casi que indispensable, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

Sólo la intervención de pueblo en su condición de constituyente primario puede decidir sobre los cambios que nuestra sociedad requiere para superar la crisis que ha hecho ilegitimo al Estado Colombiano.

Cárcel La Picota, febrero 24 de 2016.

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