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Colombia en las calles contra el Gobierno y el paramilitarismo

Las principales ciudades del país fueron tomadas por el pueblo colombiano que protesta en contra de las políticas gubernamentales y el terrorismo de Estado que, a través del paramilitarismo, desde el 26 de febrero deja un promedio cercano de dos personas asesinadas diariamente, según lo manifestó Aída Abella, sobreviviente de la Unión Patriótica.

El 17 de marzo, fecha definida por centrales obreras y organizaciones sociales como jornada de Paro Nacional, movilizó a los colombianos en defensa de la paz con justicia social y en contra de las precarias condiciones de vida en que vive la población.

“Conoce usted, señor Presidente, la tragedia que vive nuestra niñez en muchos lugares de Colombia donde, en una macabra danza de la muerte miles de niños fallecen de hambre, sed y toda clase de enfermedades por el abandono de su gobierno y de una clase dirigente arrogante y mezquina”, expresa el pliego de exigencias del paro.

El incumplimiento de los acuerdos suscritos con la Cumbre Agraria y Dignidad Agropecuaria, los continuos casos de corrupción, la entrega del patrimonio público a intereses privados como sucedió con la venta de Isagén, y 29 empresas del Estado que estarían próximas a privatizarse, según denuncias de la congresista Ángela María Robledo, también son detonantes de la crisis y pérdida de confianza en el Gobierno Nacional que desde hace más de tres años adelanta el proceso de paz con la guerrilla de las FARC en La Habana.

“Pedimos al Gobierno Nacional que de la misma manera que se negocia en La Habana, se atiendan los reclamos y la participación de los sectores gremiales y sociales, y se respete la protesta ciudadana”, exige el pliego, al tiempo que manifiesta apoyar las negociaciones del Gobierno con los grupos insurgentes.

La jornada de este jueves es preparatoria del Paro Cívico Nacional cuyas exigencias, presentadas por centrales obreras y organizaciones sociales, plantea 15 puntos en materia de justicia social y garantías para la oposición política que exige al Gobierno desmontar el paramilitarismo.

El paramilitarismo lejos de desmontarse, sigue rampante en el territorio nacional sembrando muerte y terror, constituyéndose en un obstáculo y una amenaza para las garantías que deben gozar las ciudadanías para el pleno ejercicio de sus derechos y pervivencia en el territorio”, denuncia el pliego.

Redacción FIPU

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