Declaración FIPU

Daniel Coronell: El pasado en presente

Apenas dos meses después de la declaración de Ordóñez, las autodefensas del magdalena medio masacraron a 19 comerciantes en Cimitarra, Santander.

Daniel Coronell. Foto: John Caslon

2015/ Enero 5/ Por: Daniel Coronell

Alejandro Ordóñez apoyó la existencia de grupos de autodefensa en 1987. El ahora procurador general dijo que las autodefensas se ajustaban a las normas de la moral social y recriminó a los dirigentes que advertían sobre el surgimiento de este fenómeno delincuencial.

Un recorte de prensa con declaraciones en ese sentido del entonces concejal de Bucaramanga, Alejandro Ordóñez Maldonado, fue publicado en las redes sociales el pasado 19 de diciembre.

Esas redes son buenos escenarios para la discusión pública pero también se prestan para difusión de documentos falsos o manipulados y para impulsar campañas de desprestigio amparadas por el anonimato. Por eso cuando vi el recorte en Twitter, y me lo enviaron dos personas, empecé a buscar si la noticia realmente había sido publicada por Vanguardia Liberal y cuál era el contexto nacional en el momento de las declaraciones.

Un colega al que le pedí que consultara los archivos de prensa en Bucaramanga no encontró la edición de Vanguardia donde apareció la declaración. Afortunadamente en Bogotá, otro colega encontró la copia del periódico.

Está en la hemeroteca de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Los archivos, debidamente microfilmados y a salvo para la historia, dan cuenta de la autenticidad de la publicación.

Fue el miércoles 19 de agosto de 1987. Ese día el diario de Bucaramanga publicó la noticia bajo el título: “Una absurda ingenuidad desconocer a los grupos de auto-defensa”: Ordóñez Maldonado.

El cuerpo de la noticia señala lo siguiente: “El concejal y abogado conservador Alejandro Ordóñez Maldonado, se mostró extrañado por las reacciones que se han presentado en torno a la creación de grupos de auto-defensa y expresó ‘desde la Dirección Liberal Nacional hasta ilustres jefes conservadores las han criticado acremente desconociendo unos y otros, que tales asociaciones para la defensa son la más elemental de las previsiones que los colombianos inermes ante la subversión y el delito pueden tomar’”. (Ver noticia)

El siguiente párrafo de la información no deja dudas sobre el propósito justificativo del entonces concejal: “Ordóñez Maldonado añadió, igualmente, que ‘impedir que los ciudadanos de bien reaccionen es obligarlos a que sean muertos, extorsionados o lacerados en su vida, honra y bienes. No podemos desconocer que las auto-defensas se ajustan a las normas de la moral social, del derecho natural y de nuestra legislación positiva. Pensar lo contrario es, por decir poco, una absurda ingenuidad’, puntualizó Ordóñez”.

Para la época de la declaración del hoy procurador Alejandro Ordóñez ya había indicios suficientes sobre la verdadera naturaleza de las llamadas autodefensas. El antecedente más conocido, muy referenciado para la época, había sido la creación del grupo MAS (Muerte a Secuestradores) por parte de Pablo Escobar y los hermanos Ochoa Vásquez en 1981. El MAS nació por el secuestro de Martha Nieves Ochoa, continuó operando por años y mutó en las llamadas ‘autodefensas’, en muchos casos amparadas por miembros del Ejército y organismos de seguridad del Estado.

Una de esas mutaciones funcionaba desde 1983 en Puerto Boyacá bajo el nombre de Autodefensas del Magdalena Medio y extendía su influencia a los departamentos de Antioquia y Santander. El grupo que en diferentes momentos de su existencia recibió financiación de los narcotraficantes Gonzalo Rodríguez Gacha, Jairo Correa y Pacho Barbosa.

Apenas dos meses después de la declaración de Ordóñez, el 6 de octubre de 1987, las Autodefensas del Magdalena Medio masacraron a 19 comerciantes en Cimitarrra, Santander, el departamento natal del hombre que sostenía que esos grupos debían funcionar por “derecho natural”.

Para la época de la declaración ya funcionaba el grupo de ‘Los Tangueros’ del narcotraficante Fidel Castaño. Su hermano Carlos trabajaba como eficaz gatillero de la organización y el martes 25 de agosto de 1987 –es decir seis días después de la declaración del desconocido concejal Ordóñez– fue el encargado de asesinar a los doctores Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur Taborda, médicos y defensores de los derechos humanos.

Ellos salían de la velación de Luis Felipe Vélez, sindicalista del magisterio, asesinado también ese día por las autodefensas que justificaba Ordóñez.

Como ya es habitual el jefe del Ministerio Público, el encargado de velar por los derechos humanos, no dirá una palabra sobre este nuevo hallazgo. En ese sentido este es un ejercicio inútil pero al menos queda claro que su discurso de hoy viene de sus convicciones de siempre.


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