Declaración FIPU

Mandato por la vida digna y contra la corrupción en la Costa Pacífica nariñense y caucana


Hace 204 años  miles de hombres y de mujeres patriotas conformaron el ejército libertador y enfrentaron al régimen español impuesto a través de la sangre y el terror, lograron el primer paso para la Independencia: la construcción de nuestra nación.

Esa aspiración de país fue truncada por los intereses de la aristocracia criolla que forjó un estado y un gobierno acomodado a sus pretensiones particulares. Desde aquel entonces, hasta nuestros días, ha sido la oligarquía la que ha estado en el poder, sumiendo al pueblo en la pobreza y desigualdad mediante las leyes y las armas.

En cada localidad los “gobernantes ilegítimos” han legislado en contra del pueblo, han aprovechado el poder para desviar y hurtar los recursos que nos pertenecen a todos. La corrupción como fenómeno nacional ha estado al frente de las administraciones locales, desconociendo los derechos de la comunidad y convirtiendo a las mismas en  ferias que pagan favores politiqueros con cargos burocráticos. La corrupción ha negado la posibilidad de garantías reales para el ejercicio de la democracia como gobierno.

La Costa Pacífica nariñense como uno de los epicentros del conflicto social y armado, vive diariamente las consecuencias de la corrupción, por ejemplo el índice de necesidades básicas insatisfechas que alcanza el 81% en la subregión Sanquianga,  refleja el abandono estatal  y por ende la pobreza y la miseria.

Ante esta realidad, las comunidades étnicas de la  costa pacífica nariñense y caucana se han organizado para defender sus territorios, inspirados en el legado de las luchas de las comunidades negras que lograron liberarse del yugo de la corona española, como lo fue la derrota del General Tacón en el municipio de Iscuandé.

Por ello, conscientes de la soberanía popular que posee nuestro pueblo como constituyente primario, mandatamos que:

1. Proponemos una Asamblea Nacional Constituyente para construir un nuevo pacto social y político que garantice la transparencia de las administraciones públicas. Desconocemos el ejercicio administrativo que implementan los mandatarios de turno en los diferentes municipios, caracterizados por la corrupción e ilegitimidad, no reconocemos su mandato y exigimos una participación real y efectiva de la comunidad en las definiciones políticas locales, departamentales y nacionales. Solicitamos por ello crear la comisión de la “Verdad y la Transparencia”, con presencia de los organismos de control nacional,  para investigar con profundidad los hechos de corrupción que se presentan en la costa pacífica nariñense y caucana. Las personas que se encuentran inmersos en casos de corrupción recibirán todo el peso de la ley y no podrán volver a aspirar a cargos públicos. La comisión de la verdad tendrá una interlocución permanente con la mesa regional del pacífico. La comisión de la verdad estará compuesta por los organismos de control y la mesa de interlocución del pacífico, responsables de hacer control y seguimiento al proceso. 

2. Todo esquema de ordenamiento, plan básico, contratos, plan de desarrollo o actividad que use recursos públicos tienen que ser creados, aprobados y vigilados por las asambleas populares, direccionadas por las organizaciones sociales en cada municipio; la asamblea tiene la función de vigilar, suspender, revisar, revocar, aprobar y exigir toda la información, con el objetivo de hacer cumplir con el mandato establecido. Para el caso de los consejos comunitarios debe realizarse en su plenitud, el ejercicio de la consulta previa. Es urgente que en un plazo máximo de dos meses se construya un Plan de Ordenamiento Territorial para la región del Pacífico.

3. Prohibimos el ingreso de las trasnacionales a nuestros territorios, declaramos que nuestras comunidades tienen autonomía propia para hacer uso del suelo, del subsuelo del país y mantener su cultura y tradición. Exigimos una socialización pública de todos los tratados comerciales internacionales que afecten a la población del pacífico, especialmente la “Alianza del Pacífico” en un tiempo no mayor a 3 meses.

4. Declaramos que la paz tiene que ser con justicia social, donde a todos los colombianos y colombianas se nos garantice de forma equitativa y real los derechos fundamentales, económicos sociales, culturales y ambientales. Apoyamos los diálogos en la habana, exigimos la apertura de diálogos con el ELN y el EPL y nos sumamos a la exigencia de cese bilateral al fuego. Solicitamos la participación directa de las comunidades de la región pacífica  nariñense y caucana en los diálogos de la habana.

5. No permitiremos que se le dé un tratamiento militar a la profunda crisis humanitaria y social que se vive en nuestra región como consecuencia de la corrupción y por ello le exigimos al Estado Colombiano la desmilitarización y la descontaminación de materiales de guerra en nuestros territorios ancestrales. Exigimos la transformación de su doctrina militar para que realmente contribuyan en la protección del territorio, igualmente, demandamos contundentemente el desmonte de los grupos paramilitares que operan en nuestros territorios. Basta ya de la represión estatal y violaciones de derechos humanos, herramientas utilizadas por el estado para respaldar la debilidad e impotencia administrativa de los gobernantes de turno, frente a la libre expresión del descontento del pueblo con las administraciones corruptas. Las fuerzas de seguridad del estado deben reubicarse y evitar que la población civil esté en riesgo en el marco de la confrontación que se vive en la región.

6. El presupuesto general de la nación no sustenta una política consecuente con las necesidades del pueblo de nuestro país, el sistema general de participaciones atenta contra la materialización de los derechos de los colombianos, debe redefinirse la política tributaria y redistribuirse el presupuesto con criterios populares de participación. Por tanto exigimos:

- La construcción colectiva  y participativa de un plan de desarrollo integral para el pacífico nariñense y caucano.
- La participación activa de la mesa en la elaboración del presupuesto nacional, departamental y municipal desde el año 2015 en adelante.
- Una Asignación Presupuestal Nacional Especial para atender las exigencias inmediatas del pacífico nariñense y caucano, que será administrada por la mesa de interlocución del pacifico.
- Es urgente que la gobernación departamental de Nariño cancele el curso de los acuerdos radicados en el mes de julio del 2014 en la oficina de planeación departamental por los alcaldes de la región Sanquianga y Telembí, ya que estos pignoran por 10 años los recursos propios de los municipios de estas regiones.
- Solicitamos a la gobernación de Nariño y a la gobernación del Cauca realizar una rendición de cuentas en un plazo de un mes. Igualmente solicitamos a los municipios que hacen parte del pacífico nariñense  y caucano rendir cuentas en sus respectivos territorios. Estas rendiciones de cuentas deben contar con la participación de los organismos de control y con una participación efectiva y real de las comunidades.

7. Exigimos se construyan mecanismos de participación real y efectiva  a las mujeres, a los niños, jóvenes, ancianos y discapacitados como población vulnerable de la región del pacífico.

8. Ordenamos al gobierno nacional que brinde todas las garantías y recursos necesarios para la difusión y socialización de la ley 70 de 1993 de las comunidades negras a nivel de la región pacífica Colombiana.

9. Ordenamos al gobierno Nacional que reglamente los capítulos 4, 5, 6 y 7 de la ley 70 de 1993. Es de prioridad para el desarrollo de nuestras comunidades la definición de los mecanismos legislativos que consoliden una eficaz y equitativa normativa que permita la plena autonomía en la toma de decisiones de peso para el desarrollo estratégico integral de nuestra región.

10. En nuestro territorio se respetará el derecho a la consulta previa, libre e informada, plasmado  en la ratificación del convenio 169 de la OIT, la ley 70 de 1993, en el decreto de 1745 de 1995. Exigimos la nulidad de los dos concursos realizados a docentes del territorio, el 28 de julio y 27 de octubre de 2013, estableciendo la necesidad de definir el procedimiento para la realización de estos concursos docentes a través del gobierno y la mesa de interlocución del pacífico. Exigimos igualmente se brinden las garantías para que se reglamente el acceso de las comunidades negras a las curules de la cámara de representantes.

11. Exigimos se brinden condiciones ambientales que permitan que nuestras comunidades tengan una relación armónica con el ecosistema, por tanto urge detener todas las acciones que afectan el medio ambiente en el pacífico como:

- Fumigaciones.
- Derrame de crudo
- Explotación irresponsable de la minería.
- Contaminación en las cuencas hidrográficas, quebradas, ríos, lagunas, esteros y mares.

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