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Una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba aseguró que EE.UU. emplea fondos para desestabilizar al gobierno de la isla utilizando Internet.

Josefina Vidal, directora general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció a través de su cuenta de Twitter un supuesto nuevo acto de injerencia de EE.UU. sobre la isla caribeña.

La funcionaria señaló con preocupación la realización de un encuentro "sobre el uso de Internet en Cuba", que se realizará en Miami. Se trata del 'Cuba Internet Freedom', organizado por la Oficina de Transmisiones hacia Cuba (OCB, por sus siglas en inglés).

Vidal menciona un artículo del portal Cubadebate, que subraya que "financiado con dinero de los contribuyentes estadounidenses" a través de la OCB se realizará "la primera conferencia sobre el uso de Internet en Cuba, como parte de los programas de subversión del gobierno estadounidense contra la isla, que se han mantenido durante la administración de Barack Obama". El portal cubano destaca además que la OCB es el mismo organismo que gestiona Radio y TV Martí, dos medios de comunicación creados por Washington para atacar mediáticamente al gobierno cubano.

"Entre el 2009 y 2012, durante el actual gobierno de Obama, cada año fueron asignados 20 millones de dólares, bajo la Ley para la Democracia en Cuba", puntualizó Cubadebate. Asimismo, explicó que este año "subieron el presupuesto a 30 millones". A esto hay que sumar el presupuesto aportado directamente a Radio y TV Martí, "que desde 1984 a 2015", representó "cerca de 797 millones de dólares".


Uno de los proyectos impulsados con este dinero y relacionado con el uso de Internet fue ZunZuneo, una red social similar a Twitter diseñada exclusivamente para Cuba desde EE.UU. Sin embargo, debido al fracaso de la iniciativa, en 2012 debió ser dada de baja.

En ese sentido, el periodista cubano Javier Ortiz señaló a RT que "la coexistencia de una política de normalización junto a otra de subversión digital de Estados Unidos hacia Cuba es una prueba de las contradicciones que dañan la confianza mutua". Ortiz, que trabaja en el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, se preguntó: "¿Cómo puede creer el gobierno cubano que la administración de Obama no intenta cambiar el futuro político de la isla si ocurren eventos como este?".

Por: RT | Foto: Reuters

Diferentes talentos componen a la guerrilla de las FARC, una fuerza beligerante que también, como vemos, es académica, política y social, confirmada por diversas expresiones que ya en la escena política serán de gran aporte a la democracia colombiana.
FIPU Press | Foto: Natalia Margarita

La reincorporación de los miembros de la guerrilla a la vida civil, representa uno de los retos más grandes del proceso de paz. Evitar un genocidio como el de la Unión Patriótica (UP) y prevenir la estigmatización o persecución, es responsabilidad del colectivo y no únicamente del gobierno.

El Comunicado Conjunto No. 93, expedido por las delegaciones de paz este 24 de agosto, destaca el punto 3 del acuerdo “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas”, que tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP; dentro de este punto, está el acuerdo “Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil –en lo económico, lo social y lo político– de acuerdo con sus intereses”, que busca sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera, que requiere necesariamente la reincorporación efectiva de las FARC-EP a la vida social, económica y política del país.

“La reincorporación ratifica el compromiso de las FARC-EP de cerrar el capítulo del conflicto interno, convertirse en actor válido dentro de la democracia y contribuir decididamente a la consolidación de la convivencia pacífica, a la no repetición y a transformar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio”, afirma el comunicado conjunto.

Con la firma del acuerdo final se creará el Consejo Nacional de la Reincorporación (CNR), esta entidad estará conformada por dos miembros del Gobierno y dos de las FARC-EP. Desde este consejo se van a definir las actividades y el cronograma que dará curso a la reincorporación, creará también: “Consejos Territoriales de la Reincorporación paritarios en los términos y condiciones y con las funciones que defina el CNR. Estos Consejos serán organizados a la firma del Acuerdo final. El CNR podrá invitar a instituciones, organizaciones sociales u organismos internacionales para el desarrollo de sus funciones”.

Diferentes talentos componen a la guerrilla de las FARC, una fuerza beligerante que también, como vemos, es académica, política y social, confirmada por diversas expresiones que ya en la escena política serán de gran aporte a la democracia colombiana. La reincorporación a “la civil” abre una puerta donde los guerrilleros vendrán a aportar desde su conocimiento y formación a la construcción de nuevos paradigmas de convivencia en Colombia.

Profesores, investigadores, periodistas, médicos, campesinos, zapateros y hasta amas de casa conforman las FARC, en las fotos de las pedagogías de paz notamos rostros de diferentes tonos y etnias que se entremezclan en el verde del camuflado y la naturaleza que les rodea, esas son las FARC, a quienes esperamos a “este lado” en la vida civil,  ese es el movimiento que abrazará el pueblo colombiano, después de lograr lo que ningún movimiento pudo en los últimos años, sentar a dialogar a un gobierno de la derecha y a sus corporaciones, reconocer el conflicto y sus víctimas y contribuir al reconocimiento de las acciones que desde el Estado colombiano violaron los derechos humanos, en una guerra que por mucho tiempo ha favorecido a una minoría.

El 2 de octubre iremos a las urnas a tomar decisiones colectivas de gran peso como Nación, una de esas es decidir por los –creo yo– 14 mil combatientes de las FARC. Muchos de ellos víctimas del conflicto que, acorralados por las balas paramilitares o estatales, no tuvieron más opción que ingresar a las filas de las FARC para “protegerse”, (así entre comillas) pues en la guerra no hay garantías de resguardar la vida. Todo está en riesgo extremo.

La ratificación de los acuerdos, un instrumento para mi innecesario, considerando la paz como un derecho de obligatorio cumplimiento, pero finalmente será un instrumento que nos va a “pellizcar” como pueblo. La campaña por el “sí”, es la unidad representada en las urnas y es la mano estrechada a quienes combatieron al establecimiento en las armas y ahora lo enfrentarán en la batalla de ideas, que se dará desde un lugar que se espera sea amplio, político y no politiquero, pero sobre todo en un ambiente de reconciliación.

Los colombianos y colombianas de las FARC, que serán reincorporados en la vida civil, serán quizás los próximos profesores de veredas, médicos de centros comunitarios, políticos regionales o nacionales, gestores sociales, promotores de salud, o simplemente el señor que nos llevará el pan a la mesa cada mañana, amasando con la certeza que no será estigmatizado, y podrá gozar de los derechos fundamentales que tenemos todos los colombianos.

El acuerdo contempló el desarrollo económico de los futuros excombatientes y dicho proceso tendrá lugar desde la organización de economía social y solidaria, denominada Economías Sociales del Común (Ecomún), los integrantes de la guerrilla de las FARC podrán producir y crecer en proyectos de desarrollo económico.

Mi cuestionamiento final es: ¿está preparada la sociedad colombiana y sus instituciones para semejante reto de reincorporar sujetos políticos a la vida social?  Lo cuestiono más allá del concepto del “desmovilizado”, aquí no hablamos de desmovilizados, hablamos de participantes de un proceso militar y político que, en aras de construir la paz, se desmilitarizan para participar desde lo social, con necesidades de reconstruir el tejido familiar o filial que la guerra seguramente destruyó. El gobierno deberá dejar priorizar los procesos centralizados en Bogotá y articular con las organizaciones sociales para que participen activamente del Consejo Nacional para la Reincorporación, empezando así a construir espacios de encuentro, de escucha de reconciliación y de acompañamiento a los reincorporados.

Durante décadas, el conflicto en nuestro país ha dejado una inolvidable huella del sufrimiento. Ahora es el momento de abandonar las armas e iniciar la única guerra en que podemos participar todos: La Guerra del Amor; una guerra con garantías políticas de participación y unidad del pueblo colombiano, contra la inequidad y la corrupción; una guerra por la injusticia y contra el hambre; una guerra por la educación de calidad y la salud como derecho, donde las únicas armas sean las ideas y los sueños. Y el puerto final: la Paz.

Únete a La Guerra del Amor, #DescubreLaPaz. Fundación para una Nueva Vida (Funuvida).

La terminación de la confrontación armada significará, en primer lugar, el fin del enorme sufrimiento que ha causado el conflicto. Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole.
Comunicado Conjunto # 93, Anuncio de Acuerdo Final, integral y definitivo

La Habana, Cuba, 24 de agosto de 2016
Foto: @NCprensa

Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP anunciamos que hemos llegado a un Acuerdo Final, integral y definitivo, sobre la totalidad de los puntos de la Agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia. [Descargar Acuerdo]

PREÁMBULO

Recordando que los diálogos de La Habana entre delegados y delegadas del Gobierno Nacional, presidido por el Presidente Juan Manuel Santos y delegados y delegadas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, con la decisión mutua de poner fin al conflicto armado nacional, tuvieron origen como resultado del Encuentro Exploratorio sucedido en la capital de la República de Cuba entre el día 23 de febrero y el día 26 de agosto de 2012;

Teniendo presente que como resultado de los diálogos exploratorios referidos se produjo un Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado en la fecha última citada ante testigos nacionales y ante delegados de la República de Cuba y del Reino de Noruega que sirvieron igualmente como testigos, y que, desde entonces, asienten el proceso como países garantes;

Poniendo de presente que la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile se han aprestado en todo momento a sus buenos oficios como países acompañantes;

Recordando que en desarrollo de la agenda aprobada en el Acuerdo en mención se dio inicio a la Mesa de Conversaciones el día 18 de octubre de 2012 en la ciudad de Oslo, capital del Reino de Noruega, para luego continuar en la capital cubana sin solución de continuidad hasta el día de hoy que se firma el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera;

Subrayando que el Acuerdo Final que se suscribe en la fecha corresponde a la libre manifestación de la voluntad del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, al haber obrado de buena fe y con la plena intención de cumplir lo acordado;

Teniendo presente que el Artículo 22 de la Constitución Política de la República de Colombia impone la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento; que el Artículo 95 afirma que  la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional por lo que es deber de todos engrandecerla y dignificarla; que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución implica responsabilidades, entre ellas, propender al logro y mantenimiento de la paz; 

Subrayando que la paz ha venido siendo calificada universalmente como un derecho humano, y requisito necesario para el ejercicio de todos los demás derechos y deberes de las personas y la ciudadanía;

Poniendo de presente que el Acuerdo Final recoge todos y cada uno de los acuerdos alcanzados sobre la Agenda del Acuerdo General suscrito en La Habana en agosto de 2012; y que para alcanzarlo el Gobierno Nacional y las FARC-EP siempre y en cada momento nos ceñimos al espíritu y respeto de la Constitución Nacional, de los principios del Derecho Internacional, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario (Convenios y Protocolos), de lo mandado por el Estatuto de Roma (Derecho Internacional Penal), de los fallos proferidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativos a los conflictos y su terminación, y demás sentencias de competencias reconocidas universalmente y pronunciamientos de autoridad relativos a los temas suscritos;

Recordando que el Artículo 94 manifiesta que “la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”, que los tratados sobre derechos humanos, aprobados por el Congreso, y que no pueden ser suspendidos ni siquiera durante los estados de excepción, prevalecen en el orden interno;

Poniendo en consideración que la suma de los acuerdos que conforman el Acuerdo Final contribuyen a la satisfacción de derechos fundamentales como son los derechos políticos, sociales, económicos y culturales, y los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia  y la reparación, el derecho de los niños, niñas y adolescentes, el derecho fundamental de la seguridad jurídica individual o colectiva y la seguridad física, y el derecho fundamental de cada individuo en particular y de la sociedad sin distingos en general, a la no repetición de la tragedia del conflicto armado interno que con el presente Acuerdo se propone superar;

Subrayando que el Acuerdo Final presta especial atención a los derechos fundamentales de las mujeres, los de los grupos sociales vulnerables como son los pueblos indígenas, las niñas, niños y adolescentes, las comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicamente diferenciados; los derechos fundamentales de los campesinos y campesinas, los derechos esenciales  de las personas en condición de discapacidad y de los desplazados por razones del conflicto; los derechos fundamentales de las personas adultas mayores y de la población LGBTI;

Considerando que a juicio del Gobierno Nacional las transformaciones que conlleva la implementación del presente Acuerdo deben contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio; y que a juicio de las FARC-EP dichas transformaciones deben contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales, que afecta especialmente a las mujeres, niñas y niños.

Valorando y exaltando que el eje central de la paz es impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional, en especial en múltiples regiones doblegadas hoy por el abandono, por la carencia de una función pública eficaz, y por los efectos del mismo conflicto armado interno; que es meta esencial de la reconciliación nacional la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo y bienestar territorial para beneficio de amplios sectores de la población hasta ahora víctima de la exclusión y la desesperanza;

Reconociendo los derechos de la sociedad a una seguridad humana integral con participación de las autoridades civiles;

Exaltando y consagrando la justicia prospectiva en tanto reconoce derechos fundamentales esenciales para las nuevas y futuras generaciones como son el derecho a una tierra preservada, el derecho a la preservación de la especie humana, el derecho a conocer sus orígenes y su identidad, el derecho a la exención de responsabilidades por las acciones cometidas por las generaciones precedentes, el derecho a la preservación de la libertad de opción, y otros derechos, sin perjuicio de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación;

Recordando que el pasado 23 de junio del año en curso, las Delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP suscribieron en la capital cubana los acuerdos de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas y Garantías de Seguridad, en presencia del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, del Secretario General de Naciones Unidas, del Presidente de la Asamblea General de la ONU, del Presidente del Consejo de Seguridad de la misma organización, del Ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Noruega, de los Jefes de Estado de los países acompañantes,  de Jefes de Gobierno de países de la región, del Enviado Especial de los Estados Unidos de América y del Representante Especial de la Unión Europea;

Aceptando que las normas de derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo las cuestiones relacionadas con derechos fundamentales no mencionados en el Acuerdo Final, incluyendo el mandato imperativo que ordena que “en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo la salvaguardia de los principios de humanidad y de la exigencias de la conciencia pública”;

Reconociendo el mandato constitucional que afirma que corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa convenir y ratificar acuerdos de paz;

El Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, hemos acordado:

Suscribir el presente Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, cuya ejecución pondrá fin de manera definitiva a un conflicto armado de más de cincuenta años y que a continuación se consigna.

El presente Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera se suscribe por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), como Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949.

El Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), firman siete originales incluidos sus anexos, uno para cada una de las partes, uno para cada uno de los países garantes y uno para cada uno de los países acompañantes. El séptimo ejemplar original se depositará inmediatamente tras su firma, ante el Consejo Federal Suizo en Berna o ante el organismo que lo sustituya en el futuro como depositario de las Convenciones de Ginebra.

INTRODUCCIÓN

Luego de un enfrentamiento de más de medio siglo de duración, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado poner fin de manera definitiva al conflicto armado interno.

La terminación de la confrontación armada significará, en primer lugar, el fin del enorme sufrimiento que ha causado el conflicto. Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole, sin olvidar el amplio número de poblaciones que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y ancho del territorio, incluyendo mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y rom, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos, entre otros. No queremos que haya una víctima más en Colombia.

En segundo lugar, el fin del conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia. Se trata de dar inicio a una fase de transición que contribuya a una mayor integración de nuestros territorios, una mayor inclusión social -en especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han padecido el conflicto- y a fortalecer nuestra democracia para que se despliegue en todo el territorio nacional y asegure que los conflictos sociales se tramiten por las vías institucionales, con plenas garantías para quienes participen en política.

Se trata de construir una paz estable y duradera, con la participación de todos los colombianos y colombianas. Con ese propósito, el de poner fin de una vez y para siempre a los ciclos históricos de violencia y sentar las bases de la paz, acordamos los puntos de la Agenda del Acuerdo General de agosto de 2012, que desarrolla el presente Acuerdo.

El Acuerdo está compuesto de una serie de acuerdos, que sin embargo constituyen un todo indisoluble, porque están permeados por un mismo enfoque de derechos, para que las medidas aquí acordadas contribuyan a la materialización de los derechos constitucionales de los colombianos; por un mismo enfoque diferencial y de género, para asegurar que la implementación  se haga teniendo en cuenta la diversidad de género, étnica y cultural, y que se adopten medidas para las poblaciones y los colectivos más humildes y más vulnerables,  en especial los niños y las niñas, las mujeres, las personas en condición de discapacidad y las víctimas; y en especial por un mismo enfoque territorial.

El enfoque territorial del Acuerdo supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad socio-ambiental; y procurar implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada, con la participación activa de la ciudadanía. La implementación se hará desde las regiones y territorios y con la participación de las autoridades territoriales y los diferentes sectores de la sociedad.

La participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el Acuerdo Final. Participación en general de la sociedad en la construcción de la paz y participación en particular en la planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas en los territorios, que es además una garantía de transparencia.

Además, la participación y el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad contribuyen a la construcción de confianza y a la promoción de una cultura de tolerancia, respeto y convivencia en general, que es un objetivo de todos los acuerdos. Décadas de conflicto han abierto brechas de desconfianza al interior de la sociedad, en especial en los territorios más afectados por el conflicto. Para romper esas barreras se requiere abrir espacios para la participación ciudadana más variada y espacios que promuevan el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento y establecimiento de responsabilidades, y en general, el reconocimiento por parte de toda la sociedad de lo ocurrido y de la necesidad de aprovechar la oportunidad de la paz.  

Por lo anterior, el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el plebiscito, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran ACUERDO POLÍTICO NACIONAL encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social.

*
El Acuerdo Final contiene los siguientes puntos, con sus correspondientes acuerdos, que pretenden contribuir a las transformaciones necesarias para sentar las bases de una paz estable y duradera.   

El Punto 1 contiene el acuerdo “Reforma Rural Integral”, que contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. La “Reforma Rural Integral” debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía.

El Punto 2 contiene el acuerdo “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”. La construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política.

En especial, la implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todas y todos los colombianos a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos espacios para la participación.

El Punto 3 contiene el acuerdo “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas”, que tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rigen el Cese, incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del Acuerdo Final y la dejación de las armas y preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.

Contiene también el acuerdo “Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil –en lo económico, lo social y lo político- de acuerdo con sus intereses”. Sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera requiere de la reincorporación efectiva de las FARC-EP a la vida social, económica y política del país. La reincorporación ratifica el compromiso de las FARC-EP de cerrar el capítulo del conflicto interno, convertirse en actor válido dentro de la democracia y contribuir decididamente a la consolidación de la convivencia pacífica, a la no repetición y a transformar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio.

El Punto 3 también incluye el acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendolas organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. Para cumplir con este fin, el acuerdo incluye medidas como el Pacto Político Nacional; la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; la Unidad Especial de Investigación; el Cuerpo Élite en la Policía Nacional; el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política; el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios; y las Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción.

El Punto 4 contiene el acuerdo “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”. Para construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas. Para lo cual se promueve una nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género.

El Punto 5 contiene el acuerdo “Víctimas”. Desde el Encuentro Exploratorio de 2012, acordamos que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo. El acuerdo crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros.

El Sistema Integral está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz; las Medidas de reparación integral para la construcción de la paz; y las Garantías de No Repetición.

El Punto 6 contiene el acuerdo “ Mecanismos de implementación y verificación” en el que se crea una “Comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de diferencias”, integrada por  representantes del Gobierno Nacional y de las FARC-EP con el fin, entre otros, de hacer seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento, servir de instancia para la resolución de diferencias, y el impulso y seguimiento a la implementación legislativa.

Adicionalmente crea un mecanismo de acompañamiento para que la comunidad internacional contribuya de distintas maneras a garantizar  la implementación del Acuerdo Final y en materia de verificación se pone en marcha un modelo con un componente internacional integrado por los países que durante el proceso han tenido el papel de garantes y acompañantes y dos vocerías internacionales, todo ello soportado en la capacidad técnica del Proyecto del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos.

*

Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP reiteramos nuestro profundo agradecimiento a todas las víctimas, las organizaciones sociales y de Derechos Humanos, las comunidades incluyendo los grupos étnicos, a las organizaciones de mujeres, a los campesinos y campesinas, a los jóvenes, la academia, los empresarios, la Iglesia y comunidades de fe, y en general a los ciudadanos y ciudadanas que participaron activamente y que a través de sus propuestas contribuyeron al  Acuerdo Final. Con su participación lograremos la construcción de una paz estable y duradera.

Durante la V Caravana de Juristas que reunió a abogados de distintos países se manifestó la preocupación por los altos índices de homicidios que se han presentado en Colombia contra defensores de derechos humanos.

Por eso, estos abogados resaltaron la importancia de que después de la firma de los acuerdos se garantice su implementación y la protección a la vida de los defensores de derechos humanos.

Ver también: Juristas de varios países verifican situación de Derechos humanos en Colombia

Por otra parte, los juristas también discutieron sobre los retos en materia penitenciaria para mejorar las condiciones en que hoy se encuentran los presos del país.

Después de su paso por Cali la Caravana de juristas se trasladará a Corinto, Cauca, para seguir conociendo la situación de los defensores de derechos humanos en todos los territorios del país.

Por: Natalia Vinasco / PaZífico Noticias

Medios informan sobre el posible cierre de la negociación y el anuncio del acuerdo final de los diálogos para la paz en Colombia.

Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) trabajan intensamente en llegar a un acuerdo definitivo en el proceso de paz.

Lo anterior fue confirmado por Timoléon Jiménez, alias Timochenko, líder de las FARC-EP, en su cuenta en Twitter, luego de culminar la jornada de este martes.

En tanto, Jesús Santrich, miembro de la delegación de las FARC-EP, también ofreció su valoraciones en Twitter: "También espero mañana sea día histórico. Pero todavía no hemos finalizado."

Este martes, se conocieron otros detalles con respecto al proceso para convocar plebiscito. El fallo de la Corte Constitucional dice que la publicación del acuerdo final se hará en simultáneo con la presentación del informe del presidente Juan Manuel Santos sobre su intención de convocar a los comicios por la paz. 

"Las partes se pusieron de acuerdo en el diseño de una nueva propuesta de reintegración más aterrizada (sensata) para las FARC-EP y en el compromiso del Gobierno para la presentación del proyecto de ley sobre amnistía", publicó la emisora colombiana Caracol Radio.

En contexto

El gobierno colombiano y las FARC-EP mantienen diálogos de paz en La Habana desde noviembre de 2012 con el objetivo de lograr cuanto antes un armisticio que ponga fin al conflicto armado interno de más de medio siglo de existencia. 

Por: teleSUR | Foto: @EquipoPazGob

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